Del servicio técnico a las altas direcciones: El meteórico incremento salarial de Ivonne Carrera Pérez que destapa un entramado de nepotismo estatal.

La estructura gubernamental de Yucatán es hoy el centro de un cuestionamiento ciudadano profundo. La proliferación de lo que analistas y redes sociales denominan una «familia privilegiada» incrustada en el aparato público —los Carrera Pérez— ha dejado de ser un rumor para convertirse en una exigencia de explicaciones. ¡Ya basta de engañar a la ciudadanía! es el reclamo ante una administración que pregona austeridad mientras permite el crecimiento desmedido de los ingresos de unos cuantos.

El salto salarial: Un abuso de la confianza pública

El caso de Ivonne Carrera Pérez es el emblema de este despropósito. En apenas tres años, su sueldo ha escalado a niveles que no corresponden con una progresión laboral ordinaria, sino con redes de influencia política.

• 2023 (Coordinadora Secay, Gran Museo del Mundo Maya): $18,798.00 brutos mensuales.
• 2026 (Directora General de Relaciones Públicas): $105,028.00 brutos mensuales.

El incremento nominal de $86,230.00 no es solo un número; representa un aumento del 458.7% respecto a su ingreso original. Mientras la ciudadanía enfrenta retos económicos, la funcionaria ha visto multiplicar su ingreso casi cinco veces en menos de un trienio.

La red de nepotismo y «meritocracia de apellidos»

La ocupación estratégica de cargos por parte del clan familiar sugiere un entramado de tráfico de influencias. Se señala que la cercanía de Ivonne Carrera con Óscar Brito y su vínculo con Rommel Pacheco han sido la llave maestra para posicionar a sus hermanos, José Diego, Carolina y Gabriela Carrera Pérez, en dependencias clave.

Este fenómeno, bautizado por los ciudadanos como una «meritocracia de apellidos», contrapone los discursos oficiales con una realidad de acumulación de poder y riqueza familiar. La ciudadanía exige saber: ¿Bajo qué criterios de capacidad y experiencia se justifican estos nombramientos y aumentos? ¿Hasta cuándo continuará el uso de las instituciones como botín familiar?

Hasta el momento, el silencio de las dependencias involucradas solo alimenta la sospecha. La transparencia no es un favor hacia el ciudadano, es una obligación; y hoy, Yucatán exige respuestas claras ante lo que parece ser una burla a la ética del servicio público.