El doble rasero de una legisladora que castiga la disidencia ciudadana con el despido, pero guarda silencio cómplice ante los ataques misóginos de su círculo cercano.
Mérida, Yucatán a miércoles 1 de julio del 2026– La política yucateca se encuentra en medio de un intenso debate sobre la congruencia y el ejercicio del poder. Mientras la diputada de Morena, Clara Rosales, ha posicionado su agenda bajo la bandera de la defensa de los grupos vulnerables y la lucha contra la violencia digital, diversas voces en redes sociales y ámbitos políticos han señalado una preocupante contradicción en su proceder: el uso del aparato institucional para silenciar la disidencia a costa del sustento de familias trabajadoras, mientras mantiene silencio ante agresiones misóginas cometidas por integrantes de su propio equipo.
La «justicia» selectiva
El caso que ha detonado la indignación ciudadana involucra el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Mérida, quien, tras expresar frustración personal ante la compleja situación de servicios públicos en la entidad —como los constantes apagones y la escasez de agua—, emitió un comentario que fue sancionado severamente por la legisladora.
Lo que ha generado el cuestionamiento social no es la búsqueda de respeto, sino el impacto desproporcionado del castigo. «Una familia se quedó sin sustento por la soberbia de quien se dice defensora de los vulnerables», señalan diversas voces en redes sociales. El afectado, a diferencia de otras figuras públicas, ofreció disculpas por el tono de su mensaje, hecho que fue ignorado por la diputada, quien ha mantenido una postura de presión política constante contra la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.
La sombra de los hermanos Marrufo y el misógino protegido
La crítica hacia Rosales se agudiza al contrastar su exigencia de respeto con la protección que, según trasciende, recibe Samir Isaías González Carrillo dentro de las filas de su equipo político. González Carrillo, actual jefe de los Paseos y ligado a los hermanos Irak y Rommel Pacheco Marrufo, cuenta con un historial de violencia verbal documentada, incluyendo agresiones misóginas explícitas contra Cecilia Patrón.
Resulta contradictorio que, mientras la diputada omite el concepto de sororidad cuando se trata de las agresiones sufridas por la alcaldesa —quien ha sido víctima de violencia digital constante sin recibir el respaldo de su homóloga—, sus asesores y patrocinadores de campaña blinden a un funcionario cuyo comportamiento en cargos anteriores ha sido cuestionado severamente por conductas impropias.
El costo de la frivolidad
El discurso de la diputada Rosales está siendo puesto a prueba. Ciudadanos señalan que, mientras se despliega una maquinaria para sancionar a un ciudadano por un comentario en redes, existe una omisión sistemática ante las fallas en el gobierno estatal y federal.
La pregunta que queda en el aire para los meridanos es clara: ¿es la violencia digital un problema real para la diputada, o un instrumento que utiliza a conveniencia para ejercer presión política, ignorando que sus acciones no solo destruyen la estabilidad emocional de personas específicas, sino que fomentan un clima de polarización y linchamiento mediático?
La exigencia de la ciudadanía es puntual: la congruencia no puede ser un accesorio. Si la lucha es contra la violencia y la defensa es para los grupos vulnerables, el primer paso debe ser limpiar la casa propia y demostrar que el poder legislativo está al servicio de la gente, y no para alimentar egos a expensas del pan de las familias yucatecas.
